Si se logra convocar a las elecciones judiciales, podemos anticipar sin lugar a equivocarnos, tendremos un enroque mafioso en el poder judicial.

Si no se logra convocar a elecciones judiciales, lo que tendremos será una prolongación de la mafia actual.

Los casos se venden, las pruebas se ocultan, el consejo de la magistratura no hace su trabajo porque probablemente es parte de la recaudación general.

La burocracia es gigante pero al mismo tiempo es el gran pretexto para la retardación cruel de justicia. Por eso seguimos levantando cadáveres de mujeres asesinadas y los casos de violación se amontonan en la piel y la psique de la sociedad convirtiéndolos en rutinas. A esta altura es ya imposible asimilar emocionalmente lo que esta sucediendo porque desborda toda posible contención social.

Sociedad de cuerpos violados, de niños y niñas huérfanos de feminicidio al cuidado de abuelas ya insolventes y sin esperanza de justicia.

La acumulación de dolor tiene una magnitud enfermante.

Parecemos atrapados y atrapadas en una trampa sin solución, sin esperanza y peor aún sin ideas. En el parlamento no se piensa, ni se actúa, realmente deberían renunciar.

No es falta de meritocracia, concepto por demás cuestionable porque sirvió para que las elites se reproduzcan excluyendo.

No es producto de una degradación moral generalizada donde hay que buscar un salvador intachable y bueno tipo Hombre Araña.

Esas interpretaciones moralistas que tanto le gustan al fascismo y a la iglesia no sirven más que para que se autopresenten desde una supuesta superioridad moral.

El estado en el que se encuentra el aparato de justicia empezando en la policía, pasando por fiscalía, juzgados y tribunales es parte de un modelo de administración mafiosa del estado. Es parte de un modelo de gobernabilidad que contemporiza combinando tres lógicas: la venta o alquiler de espacios del Estado por plata, las fiscalías, notarias y otros puestos se compran para rentabilizarlos, la gratificación de una clientela política leal a cambio de libertad para la administración autárquica de un fragmento determinado y la negociación gremial corporativa de cada cuerpo.

Esta forma de administración del Estado no es reciente y ha alcanzado el estatus de una metodología. Es un círculo vicioso profundo que involucra a todos los actores segmento por segmento. Por eso es que inclusive los casos de violación o feminicidio que no implican grandes sumas de dinero, ni actores con poder terminan siendo negociados inclusive por sumas menores de dinero porque TODO ESTA A LA VENTA DEL MEJOR POSTOR.

Las mujeres llevamos la peor parte por dos motivos: porque estando masivamente en un estado de insubordinación frente a las violencias machistas somos las actoras de la mayor cantidad de causas que no hallan justicia y segundo porque el ensañamiento contra las mujeres violadas, acosadas o asesinadas es parte del botín que este sistema ofrece como regalo a cada uno de los segmentos mafiosos.

¿Cuál la solución?

Cortar de raíz: suspender a todo el sistema de cuajo permitiendo que den continuidad únicamente a las causas en curso y convirtiendo este sistema de justicia en residual.

Sistema de auditoria jurídica: generar un tribunal de auditoria jurídica de todos los casos de feminicidio y violación donde los acusados hayan sido absueltos desde el 2013 para adelante.

Implementar la justicia plural: a partir de este mecanismo presente en la constitución implementar los tribunales de justicia indígena originaria y en las ciudades tribunales de justicia feminista que absorban todos los casos que involucre formas de violencia contra las mujeres.

Dividir las violencias contra las mujeres en causas penales y causas no penales donde la solución puede darse a través de acuerdos entre partes. Para esto hemos presentado una propuesta de reforma de la ley 348 que ha ido a parar al basurero.

Sistema carcelario: quitarle a la policía la tuición sobre el sistema carcelario, que la asistencia familiar impaga deje de ser motivo de encarcelamiento creando medidas efectivas ya propuestas para que en lugar de entrar a la cárcel los padres irresponsables paguen la asistencia familiar. En una generación reduciríamos la incidencia de irresponsabilidad paterna sobre la base de la pedagogía social.

Hacer un gran debate nacional sobre las propuestas alrededor de las cárceles para que dejen de ser sistemas de reproducción de violencia, tortura y clasismo donde solo los pobres van a parar.

Violencias machistas: quitarle a la policía la gestión sobre violencias machistas permitiendo que intervengan únicamente en lo que se refiere a feminicidio. Generar formas civiles de intervención sobre violencias machistas como por ejemplo casas para hombres violentos donde ellos estén vigilados y sean ellos los que deban abandonar la casa y no ellas salir huyendo con las wawas.

Registro social público: es urgente un registro social público de las causas especialmente las que involucran violencias machistas y violencias contra menores. Que este registro no sólo señale a los acusados, sino también a las autoridades a cargo de los casos. Esto lo venimos solicitando y ha sido impedido por el Fiscal General, por lo que estamos realizándolo a partir de las denuncias de las víctimas. Cotejando datos, hemos podido identificar los juzgados y otras instancias donde casualmente es recurrente la absolución de violadores y feminicidas.

Para que estas y otras medidas urgentes sean posibles hay que salir de este modelo de gobernabilidad mafioso, de este modelo de patrimonilización del Estado, de lo contrario este modelo que ha absorbido a la justicia íntegramente, terminará devorando al conjunto de la sociedad y del Estado.

Celebren sus elecciones judiciales, que no serán más que la celebración del relevo entre mafias, solo subrayar que no cuentan con nuestra ingenuidad, ni menos aun con nuestra estupidez.