Estoy ahí adentro con ella acurrucada, ya nos han enterrado y cada palazo de tierra ha sonado dentro del ataúd como látigo contra un cuerpo que aun muerto sigue sintiendo dolor y miedo. Cada palazo ha sido un latigazo contra un cuerpo que mientras era enterrado lloraba en mis brazos pidiéndome explicaciones y preguntándome entre sollozos ¿por qué? Dentro de su ataúd Carlita no consigue ni siquiera morir. La abrazo fuerte, la estrujo y siento con ella ganas de resucitar. Volver a la vida, no irse de la vida.
Su asesinato no tiene explicación, sentido, ni justificación alguna posible.
Aceptar su muerte es aceptar el sinsentido mismo de la vida de todas y todos como sociedad.
No es que faltando el respeto a una madre que llora y a un pueblo entero que llora su asesinato pretendo yo escribir estas líneas facilonamente. Me sumo a su dolor, a su rabia y a su indignación, y antes de escribir estas palabras he leído el comunicado que la familia ha tenido que sacar en respuesta a la Policía boliviana que ha calificado el caso como “exitoso” y que ha pretendido culpabilizar a la madre y a la niña de su propio asesinato. Antes de escribir estas líneas he contemplado las paredes de las terminales de La Paz, Oruro, Potosí o Sucre empapeladas con avisos de personas extraviadas que mayormente son mujeres y niñas. Papeles que te otorga la División de Trata y Tráfico de la Policía cuando vas a denunciar la desaparición de alguien.
Primero que nada, si no han pasado 72 horas no actúan; segundo, pasadas las 72 horas lo que hacen es pedirte la foto, poner el sello en los dichosos papeles y que tú salgas a colocar los avisos en todas partes. Si eres pobre ni se mueven, ni te hacen caso siquiera y si estás denunciando la desaparición de una joven aseguran de antemano que se fugó con el enamorado y le dan menos importancia.
La División de Trata y Tráfico de la Policía boliviana se dedica a entrar con violencia y abuso de poder a los locales de prostitución que no pagan coima, a exigir sexo gratis, a arrestar a las compañeras sin motivo, a manosearlas o insultarlas. Arrestos masivos de los que para liberarlas cobran 200 bolivianos por cada una de ellas, mientras niñas como Carlita desaparecen en manos de una sociedad violenta y machista que desprecia el valor de la vida de las mujeres.
No es más seguridad ciudadana lo que hace falta, no hermanas, mamás, amigas y tías, no se equivoquen, darle más presupuesto a los policías no va a servir para nada.
No es más seguridad ciudadana lo que falta, sino menos violencia y menos machismo.
Nuestras hijas tienen que recibir en sus colegios clases de autodefensa feminista donde les enseñen no a dar patadas, ni puñetes, sino a cuidar sus vidas, a escapar, a estar atentas a cualquier signo de peligro.
Carlita tenía derecho de salir esa tarde de su casa, porque tenía derecho a la libertad. Su mamá tenía derecho de darle permiso, porque una hija no madura ni crece encerrándola bajo mil candados y le pedimos a la mamá que no se sienta culpable, le limpiamos las lágrimas y le decimos que no se culpe, que hay que transformar el dolor en indignación y lucha.
No es más policías lo que falta, porque la Policía misma es un peligro para las mujeres; la Policía es machista, mafiosa, corrupta y te atiende según la billetera. Sirven para reprimir, para hacer motín, para abusar de poder, pero no para servir a la gente.
Nuestras niñas necesitan clases de sexualidad para no tener miedo de sus cuerpos, para crecer con más libertad, para tomar decisiones con más conocimiento de sus cuerpos.
Entiendo la desesperación de la mamá y de la familia de decir que ella era buena estudiante, pero y si hubiera sido una niña mala estudiante aplazada ¿acaso eso justificaría que la matarán? No necesitamos más seguridad ciudadana, necesitamos menos hipocresía, menos doble moral. Nuestras niñas quieren conocer el sexo y tienen derecho a hacerlo sin ser asesinadas, manoseadas, ni violadas por ello.
Discúlpeme todo el país, pero yo no me fío de la autopsia realizada por el IDIF que nos indica que la data de la muerte de Carla y el motivo de la muerte es la asfixia que aconteció al poco tiempo de haber sido secuestrada.
Y no es que quiero hurgar en el dolor de la familia, pero pienso en la joven de Oruro que en los días del golpe de Estado fue violada por unos jóvenes en un lugar cercano a su colegio, especialmente adecuado para llevar compañeras de curso y violarlas.
Cómo es posible que den por “exitoso” el caso y que el gobernador se contente con pedir el máximo peso de la ley cuando tenemos que preguntarnos por qué nuestra sociedad sigue produciendo violadores y asesinos de mujeres.
La cárcel, la sentencia no va a servir para nada, porque la fábrica de violadores sigue produciendo más asesinos y más violadores.
Esa fábrica se llama servicio militar obligatorio, que es una escuela de tortura, crueldad y machismo.
Esa fábrica de violadores está en los medios de comunicación y en el tratamiento de la noticia, una crónica roja que hace de la violación y el feminicidio un espectáculo. Es urgente que el Ministerio de Gobierno nos extienda los permisos para entrar a las cárceles y podamos hacer el estudio de los feminicidas y los violadores para demostrar y mostrar a la sociedad cómo es que ellos destrozan sus propias vidas. Hoy en los medios, a título de presunción de inocencia, mientras la Policía trata de culpabilizar a Carlita por haber salido y a su mamá por haberle dado permiso, en los medios no aparece ni una línea de la historia de los feminicidas. No nos preguntamos ¿por qué ellos matan?, ¿por qué violan?, ¿por qué secuestran?, ¿qué buscan?
Saben por qué no nos preguntamos eso, no nos lo preguntamos porque esas preguntas nos conducirían a no culpabilizar ni a la madre ni a la niña, sino a darnos cuenta de que hay una sociedad entera que es responsable de lo que ha sucedido y que esa sociedad se siente aliviada con que se agarre a los culpables y se los meta a la cárcel, porque supuestamente así se resuelve un problema que no tiene solución ya, porque Carla está muerta.
Acaban de liberar a uno de los adolescentes violadores de la manada con el abuso de poder que está cometiendo Jerjes Justiniano, abogado del violador, un hijito de papá, un hijito de la institucionalidad cruceña que quiere a toda costa decir que no hubo violación, porque la joven violada estaba borracha. Votar por Camacho es votar por la impunidad de violadores y feminicidas, y los demás candidatos y candidata más de lo mismo.
Basta de escoger víctimas buenas y víctimas malas, a las chicas malas que las maten y las violen, mi hija era de las buenas y por eso no merecía morir.
Pensemos un poco lo que estamos diciendo.
La violencia contra las mujeres es estructural y solo la va a parar una gran rebelión de las mujeres desde la calle, porque los cambios que necesitamos no están en las cámaras de seguridad que en ningún caso han funcionado, ni en la Policía que es una entidad que no tiene credibilidad, ni profesionalidad, ni ética. El cambio que necesitamos hay que producirlo desde las mujeres organizadas y les desafío a todas a organizarnos en una gran cumbre nacional no partidaria contra las violencias hacia las mujeres.
Hagámoslo por Carla, por Juana, por María.
Para resucitar su dignidad, sus sueños y sus cuerpos que nos siguen doliendo en nuestros cuerpos.
