No vivimos en Bolivia bajo una dictadura, tampoco vivimos bajo una democracia.
No es un partido político el que gobierna y su defecto no es controlar todos los poderes del Estado.
Vivimos un régimen mafioso que ha entregado el control mafioso parcial de segmentos de la sociedad a grupos de intereses que tranzan espacios de control y beneficio a cambio de “gobernabilidad”. Esto de “proceso de cambio” o “buen vivir” son eslogans de edulcoración del modelo mafioso.
Lo que ha sucedido en la cárcel de Palmasola no solamente son hechos de violencia policial inaceptable, no sólo son hechos de violación de derechos humanos, no sólo demuestra que en Bolivia no hay Defensor del Pueblo, sino que lo sucedido en Palmasola es el modelo de administración del Estado que estamos viviendo.
Las cárceles son uno de los botines de la Policía Boliviana, como lo es Tránsito o Migración. Son directamente fuentes de negocio y corrupción que la Policía, a su vez, se reparte internamente sin que el Gobierno, de hecho, ni tenga la intención, ni tenga la posibilidad de hacer nada, porque el trato con la Policía es una suerte de transacción no escrita del “no me jodas no te jodo”.
El caso de los militares y sus privilegios a cambio de gobernabilidad es otro de los feudos donde la ideología no cuenta. Los militares pueden violar o matar, mientras sea dentro de sus propios feudos no pasa nada. La transacción con sectores empresariales, como la Cainco, para la depredación del bosque, para la explotación de la mano de obra, para todo tipo de ventajas, es otro pacto de gobernabilidad que no tiene nada que ver con una posición ideológica, ni con ninguna visión de país que no sea la depredación.
Es como si el modelo Palmasola se hubiera instituido en el conjunto de la sociedad.
Las llamadas organizaciones sociales, convertidas también en mafias dirigenciales con derecho de matar, amedrentar, silenciar, es otro simple pacto de gobernabilidad basado en un mutuo acuerdo que se traduce en formas tiránicas de manejo de los llamados movimientos sociales.
Ni qué decir del Poder Judicial, que mientras procesa para el Gobierno todo lo que el Gobierno quiere en sus términos, lo hace a cambio del manejo arbitrario, corrupto y abusivo del conjunto de causas en todos los campos.
Para sobrevivir hay que pagar el derecho de piso. Si quieres un trabajo en el Estado es bajo el régimen mafioso de descuentos y de asistencia muda y sumisa a todo tipo, y ocurrencia de convocatorias que permitan al Gobierno simular apoyo de masas.
Si quieres publicidad gubernamental, en un medio de comunicación hay que manejar la noticia, la entrevista y los contenidos a favor del jefe sin margen de crítica, sin margen de independencia.
El sector cocalero del Chapare también apoya con su cuota de gobernabilidad a partir no de una visión de país, sino de sus intereses de sector, de poderle vender en tranquilidad su coca al narcotráfico. El narcotráfico se convierte en una necesidad para la gobernabilidad y éste, a su vez, necesita del contrabando para lavar su dinero.
En un modelo así no tiene sentido producir una chompa o una mermelada, porque la combinación narcotráfico más contrabando destroza cualquier producción. Los supermercados están llenos de productos baratos; ahí los productos bolivianos no tienen ni espacio ni oportunidad.
En un modelo así, ser de a pie, estar fuera de todos estos circuitos representa un vía crucis, porque sin gremio alguno de pertenencia eres el blanco perfecto para todo tipo de abusos, tienes que pagar tu derecho de piso en Tránsito, en los juzgados, en el Seduca o en tu trabajo. Hasta la Aduana te jode porque necesita utilizarte para demostrar y justificar su existencia.
En un modelo así las ideas no tienen ningún valor, el debate es innecesario y la ideología sirve como camuflaje.
Un modelo así parece invencible porque es un modelo de pactos parciales que suman la totalidad de los sectores sin límite, ni ético ni ideológico.
Y, como lo hemos constatado los bolivianos y las bolivianas el viernes, cuando se nos ha presentado los cuerpos muertos de los seis o ya no me acuerdo ocho, o siete muertos en Palmasola, la vida misma no tiene ningún valor.
En un modelo así, la foto de todos arrodillados, boca abajo, contra el suelo, no es una foto de los presos de Palmasola, sino un retrato social.