Se ahogan mis palabras en una tina llena de sangre de mujeres asesinadas.
Me pregunto ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que no estamos haciendo?
El aparato de justicia corrupto que sufrimos en Bolivia coloca el valor de la vida de las mujeres como una mercancía que puede ser negociada por investigadores, jueces y fiscales a todo tipo de precio ajustable al bolsillo del feminicida.
El asesino de Isabel Pillco, David Viscarra, ha sido absuelto a pesar de que la víctima, en vida, hizo una declaración detallada y dolorosa de la golpiza que la llevó a la muerte. Isabel fue cuatro veces asesinada: la primera vez por David Viscarra, la segunda vez por los funcionarios que tomaron sus declaraciones en vida y no hicieron nada contra la violencia machista que ella había ido a denunciar; la tercera vez por el juez que absolvió al feminicida y lo liberó sin tomar en cuenta las pruebas contundentes que existían, y, la cuarta vez, por un Estado que acepta como un hecho rutinario la impunidad en los casos de feminicidio.
La primera sentencia de feminicidio en la ciudad de El Alto, en 2014, contra Ariel Roger Moya por el feminicidio de su pareja, con quien tenía un hijito, sentencia frente a la cual sentimos el alivio, está siendo sometida a revisión. También un caso en el que, incluso, el feminicida confesó su crimen, un caso en el que hubo todo tipo de pruebas, pues él mismo intentó simular un accidente abriendo la garrafa de gas e intentando que pareciera un accidente.
Un caso prácticamente flagrante en el que la sentencia y el envío del culpable a Chonchocoro quiere ser revertido y convertido de feminicidio en homicidio. Todo bajo el amparo de una juez X que acepta dicha revisión basada en los elementos más ridículos que una se pueda imaginar.
La impunidad en los casos de feminicidio, la rutina con la que se levanta de sus casas el cadáver de una mujer asesinada, la necesidad de madres y amigas de las víctimas de abandonar los casos por impotencia, por insolvencia, por huir del laberinto macabro que suponen los juzgados y las fiscalías en Bolivia, es lo que hoy instala el valor de la vida de una mujer en nuestro país.
Es eso lo que estamos viviendo y recibiendo como mensaje cada día mientras salen costosas e inútiles campañas de gobiernos municipales, Policía y ONG que nos invitan a denunciar la violencia, que nos dicen que las mujeres sufrimos violencia machista porque no somos capaces de valorar nuestra vidas.
Se ha promulgado la Ley 348 en marzo de 2013 sentando la impunidad de Clavijo, el policía que mató a Analí Huaycho, y al que se lo hizo escapar fingiendo su suicidio. Ese marco parece ser una antesala macabra que ha k’enchachado la ley para que no se cumpla.
La impunidad que recae sobre un feminicidio contamina todos los casos de feminicidio y también el valor mismo de la vida de una mujer, de tu vida, de la mía de la de tu hija, de la de tu madre.
No necesitamos campañas, necesitamos justicia; no necesitamos talleres de autoestima, necesitamos justicia; no necesitamos campañas de sensibilización, necesitamos justicia.
Nada es tan efectivo como un feminicida en la cárcel por 30 años, sin derecho a indulto. Nada es más efectivo que el cobro de la asistencia familiar contra la paternidad irresponsable; nada es más efectivo que sacar a un hombre violento de la casa a la primera denuncia y no esperar que la mujer esté muerta para sacarla, como quien saca un cuerpo sacrificado que debe entregar su sangre para seguir alimentando al machismo monstruoso que la ha matado.