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Categoría: [Pare de sufrir, luche]

Anteriormente llamado “La loca mañana”

Hipócritas o proxenetas son l@s que se oponen


Escribo desde un lugar del país donde el proceso de electoralización temprana, donde el proceso de pugna por la designación de un mesías que nos salve de Evo, o de un Evo convertido en mesías como único salvador no tiene ningún peso. Desde el segmento donde vivo los vemos de lejos, como quien mira desde fuera y a una larga distancia la mansión de “los equivocados”.
Aquí afuera los problemas son tridimensionales, se los puede tocar y oler; aquí afuera los problemas raspan la garganta y no se solucionan con un spot propagandístico que ofrezca empleo, seguro de salud o clases de inglés;  aquí afuera se soluciona los problemas como en Roboré, quemando la comisaría y bloqueando el camino, sin esperar ni por un segundo salvador alguno.

Hace seis años que fundamos una Organización de Mujeres en Prostitución autogestionaria que plantee como eje principal de trabajo la emancipación de las compañeras de l@s proxenetas. Nos organizamos para defender aquellos pequeños locales del hostigamiento continuo que sufrían a manos de la Policía y  de la Guardia Municipal, que actúa contra las compañeras bajo el mando de los proxenetas, que no quieren que las mujeres en prostitución puedan trabajar por su propia cuenta.

El gran pretexto que usaban, tanto el gobierno municipal como la Policía, era que se trataba de locales clandestinos, sin licencia de funcionamiento, por lo que venían continuamente, a patadas, a destrozar y robar todo lo que allí había y a hacer arrestos ilegales para extorsionar a las compañeras, humillarlas y luego liberarlas, hasta otra nueva redada, en círculo vicioso.

El gobierno municipal se negaba a otorgarnos licencia de  funcionamiento con el pretexto de que el rubro de “trabajo sexual” o “prostitución” no existía en su ordenamiento y nos quería obligar a disfrazar los locales de prostitución con venta de bebidas alcohólicas.  Lo que sucede es que hemos decidido en nuestros estatutos, hace muchos años, separar la venta de alcohol de la venta de sexo y hemos decidido, además, trabajar de forma diurna para no atender borrachos, para cuidar nuestra salud y para poder llevar adelante un ejercicio de la prostitución que permita combinar esa actividad con otras, como estudiar,  criar a las wawas,  la de poder ahorrar, y poder vivir y respirar y dejar de ser esclavas. Nosotras vendemos sexo, los proxenetas venden mujeres, esa es la gran diferencia.

Bajo la modalidad de iniciativa legislativa ciudadana presentamos hace más de dos años al gobierno municipal un proyecto de ley que permita que las compañeras obtengan licencia de funcionamiento para locales autogestionarios, sin venta de alcohol, una ley que mueve 100 años de hipocresía y retraso, porque la última regulación municipal de la prostitución en nuestra ciudad data de inicios de 1900, cuando la hipocresía paceña las llamaba “casas de tolerancia”.

Fue un proceso largo de discusión con el gobierno municipal. En ese contexto queremos reconocer  el trabajo del concejal Fabián Siñani, con quien nos reunimos incontables veces, en el marco del mayor respeto y horizontalidad, para corregir palabra por palabra el proyecto.

No se prohiben los locales de prostitución donde también hay venta de bebidas alcohólicas, por lo que las protestas contra esta ley vienen únicamente de los proxenetas, que no quieren perder el control sobre las mujeres.

Quiero dejar claro que prostitución y trata y tráfico no son lo mismo y que su confusión es deliberada y tiene como intención criminalizar a las compañeras. La prostitución está en el corazón de los problemas de trabajo para las mujeres, de los bajos salarios que no alcanzan y de la lucha por una legítima emancipación económica.

El universo de las mujeres en prostitución es gigante, por lo que nuestra intención es extender esta ley al conjunto del país porque es un instrumento para precisamente frenar la trata y tráfico, y que las mujeres  se emancipen de l@s proxenetas y trabajen organizándose con otras mujeres.

La prostitución es una “actividad económica” que involucra a un número gigante de mujeres en la lucha por lo que el neoliberalismo nos niega, que es “el derecho a la subsistencia”.

Es una ley contra el proxenetismo y contra la hipocresía.
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Policía y proceso de cambio

Uno de los tantos asuntos pendientes que el mal llamado proceso de cambio ha dejado a la sociedad boliviana es justamente el de la Policía Boliviana.

Hoy, más que nunca, la Policía se ha convertido en un peligro para la sociedad, pero no porque el comandante ofrezca los votos de sus “inefectivos” para el MAS públicamente, sino porque la propia Policía se ha convertido en una mafia autárquica intocable.
La escuela de formación en corrupción más organizada y que atraviesa al conjunto de la institución es la Policía.

Todas las cárceles de hombres y mujeres que hay en el país son pequeños feudos de corrupción administrados por la Policía institucionalmente, donde se cobra por lo que se deja ingresar, por lo que se deja salir, por el espacio que se ocupa y por cada uno de los privilegios que vende la Policía a las personas recluidas. Esos cobros, que ya tienen tarifas, suben hasta la comandancia, involucrando antes a toda la institución.

 No se sabe muy bien los contenidos de enseñanza de la Universidad Policial, pero lo que constaté en persona una y otra vez es que los policías no saben leer ni escribir. Hacer la declaración de un delito ante un Policía desganado, que se tropieza con las palabras y que no atina a escribir ni preguntar, es una experiencia cotidiana.

Diprove y Tránsito es otro de los controles mafiosos de la Policía desde donde se organiza parte del crimen del sector. Dijeron que implementarían GPS para las flotas y control de alcoholemia y el chiste no les duró sino unos días.

Los reglamentos de faltas y contravenciones de la Policía datan de la época de la dictadura, tienen un carácter fascista, no se han tomado el trabajo de revisarlo en más de 30 años porque la Policía está ocupadísima en intimidar, extorsionar y vigilar el cumplimiento de su maquinaria de corrupción.

Las celdas de la FELCC, en las que honrosamente he caído a lo largo de los últimos siete gobiernos, son las mismas mazmorras hediondas de siempre. Sus huellas de sangre ennegrecidas con el tiempo no han sido lavadas jamás, su mobiliario aún tiene inscrito el logo de USAID, que les donó desde los escritorios hasta las sillas.

La Ceja de El Alto, pasadas las 10 de la noche, es un territorio de máximo peligro sin un policía a la vista. Y si se te ocurre llamarles porque les necesitas, no contestan porque tienen averiado el teléfono desde hace más de dos años.

No existe el rubro de investigación policial, sino el rubro de venta, borrado o falsificado de pruebas, según el postor, por lo que no tenemos acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad del feminicidio de Andrea Aramayo, imágenes que han debido ir a parar a manos de la familia de su asesino, previo pago de una alta suma dinero.

Si resulta que haces una denuncia por corrupción, violación a los derechos humanos o abuso de poder contra un policía, como lo hice contra la directora de  Lucha contra la Trata y Tráfico, la teniente Coca, derivan esa denuncia a una suerte de justicia paralela compuesta por jueces y fiscales policiales, que administran esas denuncias a beneficio del aparato de corrupción.

Me interrogaron, me hicieron entregar pruebas y nunca me dieron resultados de la pericia, aunque estaban muy interesados en todo lo que yo tenía para contar.

Si vas a hacer una denuncia de la desaparición de una persona, lo que hace la Policía es hacerte esperar 72 horas, tiempo suficiente para que la persona muera o se complete su secuestro, etcétera. Transcurridas las 72 horas te dan un papelito con su foto, donde dice “desaparecida”, para que completes el empapelamiento de personas desaparecidas que hay en la terminal. Y si es mujer suponen que huyó con su enamorado y te miran con cara de “no me molestes”.

La Policía Boliviana ha matado impunemente a Jonathan Quispe, estudiante de la UPEA, a dos compañeros cocaleros de La Asunta, a varios cooperativistas mineros. Ha dejado huir al teniente Clavijo y a través de esos crímenes al servicio del Gobierno ha comprobado y probado su impunidad.

Ni los guardias que contrata la banca o cualquiera  para la custodia de sus negocios se libran de corrupción policial, porque uno es el precio que solicita la Policía al negocio y otro el monto mínimo que la comandancia paga al guardia, dejando un alto porcentaje de ese monto en sus manos.

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Lo que Gabriela Montaño pudo hacer y no hizo

Inspiradas en la defensa de las víctimas de la masacre de octubre 2003, Mujeres Creando tocó las puertas de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard para presentarles otra forma de masacre que no es titular de los periódicos y que nadie la reconoce como tal: la masacre a las mujeres bolivianas que es una masacre a goteo, a través de feminicidios que suceden rutinariamente cada tres días a lo largo y ancho del país.

Una masacre marcada por la soledad de las víctimas puesto que los casos se presentan socialmente como si uno no tuviera nada que ver con el otro, por lo que madres, amigas y hermanas peregrinan ajenas unas a las otras, en busca de justicia, sin poder constituir juntas una causa común, como lo hacen las víctimas de octubre 2003.

 Les propusimos el tema del feminicidio como masacre, les solicitamos el análisis y la auditoria jurídica de algunos casos y les pedimos un informe institucional sobre la situación de la atención de los feminicidios por parte del Estado boliviano.

La Clínica de Derechos Humanos de Harvard analizó el problema y de forma original e inédita asumió el reto.

Una comisión técnica integrada por doctorantes de la universidad acaba de terminar la primera fase de la investigación.

No recurrimos a Harvard como primera opción; al contrario, primero acudimos a Gabriela Montaño para pedirle de forma directa tres cosas: la declaratoria de alerta roja nacional, la constitución de una comisión parlamentaria para la auditoria de los casos de feminicidio cometidos desde la promulgación de la ley a la fecha y la urgente reforma de la Ley 348, que tiene una serie muy grave de errores que están determinando justamente que muchas de las denuncias de violencia machista queden en la impunidad y deriven en feminicidios.

Gabriela Montaño, siempre sujeta a una agenda partidaria mezquina, en la que la gente no cuenta para nada, una mujer que como tantas otras se pone el rótulo de feminista cuando le conviene, como un simple adorno, ni siquiera respondió a nuestra solicitud.

Aunque no lo crean, el exfiscal  Guerrero, a tiempo de irse, presentó recién  un baremo que determine los días de impedimento que un forense debe otorgar a una víctima de violencia, por lo que el Instituto de Investigaciones Forenses ha funcionado sin baremo estos 12 años de masismo.

 En el equipo del Presidente cuentan ya dos feminicidios: uno en el grupo aéreo presidencial y el más reciente, en el equipo del Ministerio de la Presidencia. El Presidente ni siquiera se ha pronunciado ya por la última asesinada, porque siendo su gobierno un nucleo misógino y machista seguramente le parece ya normal.

Los procesos por feminicidio están plagados de pericias mal hechas, cadenas de custodia desprolijas, retardación de justicia para empujar a las víctimas a dejar los casos en la impunidad.

En la Ley 348 se anuncia la creación de juzgados especializados en violencia machista, pero se han creado sólo dos, que además deben atender los casos de corrupción también, por lo que la sobrecarga procesal condena a la indefensión completa.

Aunque no lo crean, es mejor y más detallado el registro de los feminicidios que realizan los medios de comunicación que los que realiza el Estado, al punto de  que no hay una base de datos estatal de las mujeres muertas por feminicidio, la casuística, el estado de los procesos, etcétera.

Aunque no lo crean, es tal el nivel de impunidad en los casos de feminicidio que el ingeniero Bosque, directo implicado en el feminicidio de Verónica Chino, en la Facultad de Agronomía, no sólo está libre, sino que se está repostulando sobre el cadáver de una de sus estudiantes, habiendo la Fiscalía rechazado nuestra apelación.

La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard no tiene el poder de resolver estos problemas, pero el informe que esta instancia internacional produzca nos permitirá: cohesionar a las víctimas, presionar de forma más directa al Estado, develar lo que está sucediendo y demostrar el porqué con la tipificación del delito no basta.

Hagan nomás su carnaval de elecciones primarias y pasen de proclamación en proclamación, mientras el resto de la sociedad sigue en lo que sigue: mover todo lo que realmente importa.

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